Ayuso abre un nuevo frente con Sánchez y anuncia un recurso contra el reparto de menores migrantes pactado por el Gobierno con Junts

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este martes que el acuerdo para repartir menores migrantes por toda España que aprobará el Consejo de Ministros, tras lograr el Gobierno un acuerdo con Junts para tramitar el cambio pertinente en la ley de extranjería, acabará en los tribunales y la Unión Europea. Un portavoz del gobierno regional no ha aclarado, a preguntas de este diario, si esa iniciativa judicial sería del ejecutivo autonómico o del PP, en qué consistiría la queja en Europa, o si se esperará para dar esos pasos a que la medida sea aprobada en el Congreso de los Diputados.

La reforma de la ley de extranjería se aprobará mediante Real Decreto Ley y se votará en la Cámara Baja en un plazo máximo de 30 días. La modificación permitirá que en momentos en los que determinados territorios estén muy tensionados (como ocurre ahora con Canarias y Ceuta) puedan activarse traslados a otras regiones. Hacienda compensará el esfuerzo en la acogida, aunque aún no han trascendido cómo lo hará. Como consecuencia, “del total de menores a distribuir [en estos momentos] por el conjunto de la Península [unos 4.000], a Cataluña llegarán entre 20 y 30 y a Madrid más de 700″, asegura la nota de prensa con la que Junts ha anunciado su acuerdo con el gobierno central.

Ese pacto con los independentistas catalanes era clave para el ejecutivo que formado por el PSOE y Sumar, ya que el PP y Vox ya lograron tumbar esta reforma en verano gracias a que se les unió Junts.

Así ha reaccionado Díaz Ayuso en sus redes sociales. “Ni Cataluña, ni Madrid, ni Canarias”, ha escrito en X (antiguo Twitter). “No se puede fomentar la inmigración irregular masiva”, ha seguido. “Este lamentable acuerdo se llevará a tribunales y a la UE, que ha de entender que la política migratoria de Sánchez es un lastre para todos: para España, para Europa, y para los mismos inmigrantes, en manos de mafias”, ha añadido. Y ha rematado: “Se usa a estos menores de arma política. Lo pagan ellos y cada ciudad donde son enviados de manera desalmada”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid encuentra así en la política migratoria un nuevo motivo de choque con el jefe del ejecutivo central, con el que ya ha discrepado en política sanitaria, fiscal, internacional, educativa o de memoria histórica. Y no está sola. El PP mantiene sus suspicacias frente a la reforma que obligará a sus presidentes autonómicos a acoger a menores migrantes procedentes de regiones tensionadas.

De esta manera, los conservadores han advertido este martes que van a analizar a fondo el decreto que ha anunciado el Ejecutivo para la reforma de la ley de Extranjería en relación con la distribución de menores inmigrantes, acordado este martes con Junts. También señalan que las comunidades donde gobierna “no podrán colaborar” en la adaptación de los menores que les correspondan “si el Gobierno no pone medios ni financia la acogida”, informa Elsa García de Blas. Y afirman: “El Ejecutivo ha pasado de mercadear con leyes a hacerlo con menores de edad”.